Lo que se pretende con la prohibición de inmigrar no es impedir la entrada de emigrantes ya que finalmente entran, sino que entren ilegalmente para justificar la falta de derechos, los abusos salariales y el racismo, creando en nuestras sociedades una estructura social de múltiples estratos que favorecen la competencia que interesa al sistema.
En el Art 13 de la DUDH se reconoce a toda persona el derecho de abandonar el Estado del que sea nacional, así como el de retornar a él, pero guarda, un estrepitoso silencio acerca de la correlativa obligación de los otros Estados de aceptar la entrada en el territorio de su propia jurisdicción. De esta forma el vacío legal en la legislación internacional ampara las legislaciones que muchos estados enarbolan contra la inmigración provocando las nefastas, y muchas veces funestas, consecuencias de su aplicación.
Sorprende que el alza racista de extrema derecha contra la inmigración tenga respuestas tan parciales como los acogimiento en casos puntuales y extremos y no se trate nunca el dar una solución definitiva que pasa inevitablemente por la legalización total del derecho a migrar. Los sindicatos, muchas veces subvencionados por los estados, deberían tener un área de paso obligado para cualquier emigrante donde se informe de sus derechos, mantengan contacto regular y protección en caso de denuncias por malos tratos o abusos.
Los problemas de la inmigración ilegal desaparecerían por completo. En los países de origen se sabría la verdad de nuestra situación económica por boca de los propios emigrantes. En los países de destino no se dejaría margen alguno ni para el racismo ni para la presión bajista a los salarios, ni para trabajos ilegales cuando no casi esclavistas. Todo el dinero dedicado actualmente a impedir la emigración ilegal se podría destinar a desarrollo de la economía local en los países de origen.
Son necesarias leyes concretas en los estados que reconozcan el derecho humano a migrar y una enmienda en la DUDH que lo reconozca cerrando su incongruencia y el actual vacío legal internacional